Vulneración al Derecho a la Igualdad en el Servicio Militar Obligatorio y su Relación con la Sostenibilidad Institucional Desde la Economía Circular en la Policía Nacional

Resumen

En 1896 la regulación legal del sistema del Servicio Militar Obligatorio en Colombia, consagrado en la Constitución de 1886, dirigido sobre todo a miembros de las clases populares rurales y urbanas quienes eran reclutados por la fuerza en chicherías, plazas y sitios de reunión pública, en la Constitución de 1991 con un discurso liberal, democrático y pluralista, no eliminó la polémica figura del reclutamiento forzado; en virtud del artículo 216, la Ley 48 de 1993 reglamentó el sistema de movilización de la Fuerza Pública. Entendiendo que, así como los ciudadanos gozan de derechos, tienen deberes correlativos frente al Estado y la Nación, en virtud de los principios de primacía del interés general sobre el particular y de retribución social.

La Constitución Política de Colombia 1991 en el artículo 216, establece que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

El marco jurídico básico que desarrolló ese precepto constitucional estaba compuesto por la Ley 48 de 1993 y por el Decreto 2048 del mismo año, ambas normas derogadas por la actual ley 1861 de 2017 y la ley Actual 2384 del 19 de julio de 2024, que modifica algunas disposiciones significativas, con el fin de garantizar de manera idónea los derechos de los conscriptos, y ampliar las prerrogativas y estímulos de quienes presten el servicio militar obligatorio, así como para fomentar su incorporación.